La posverdad en la comunicación de políticas sanitarias
La salud vuelve a la agenda pública
Asistimos a una batalla ideológica y cultural en términos de comunicación política, institucional y de gobierno cuyo sustrato fundamental es la identidad. Este sustrato se está modificando y hibridando con políticas sanitarias y de salud, tanto a nivel general como en determinados colectivos. Una batalla sin cuartel y con pocos remilgos, ni refrenos sobre la racionalidad y la sensatez.
Escribo este post cuando la administración estadounidense se enfrenta al cierre del gobierno por ausencia de presupuestos. La disyuntiva es brutalmente simple: o se mantiene la cobertura sanitaria para 25-30 millones de personas, o el gobierno permanece cerrado. La única condición que la oposición demócrata ha fijado para aprobar los presupuestos es que se reviertan los recortes en sanidad.
En un país donde el acceso a la salud no es universal, la comunicación sanitaria puede convertir este pulso en una nueva forma de “lucha de clases”. En la arena política contemporánea, pocas cosas revelan tanto las prioridades de un gobierno como el campo de batalla presupuestario, donde se encierra una concepción político-ideológica respecto de los derechos ciudadanos y la salud pública.
Este pulso no es solo una disputa fiscal liderada por los recortes y las motosierras; es el síntoma más visible de una guerra cultural y política contra la evidencia, la ciencia y la propia noción de la salud pública como bien común.
Hoy probablemente el desplazamiento del debate político debe ir hacia una visión de la eficiencia de las políticas mucho más amplia: no se trata de recortar lo público, sino de reasignar las políticas hacia eficacia social en términos de servicios públicos.
La comunicación de salud como arma de doble filo
En este entorno posverdad, es imperativo revalorizar las políticas de salud basadas en la comunicación transparente, el rigor científico y el apoyo a la investigación. La comunicación en salud pública debería ser un ejercicio de claridad y confianza. Sin embargo, observamos su uso como herramienta de confusión masiva.
Cuando el presidente Trump asocia, sin evidencias científicas, un vínculo entre el consumo de Tylenol en mujeres embarazadas y el autismo, la alarma social está servida. Se complementa con el anuncio de que la FDA podría aprobar la leucovorina como tratamiento contra el autismo, pese a la falta de evidencia sólida según los especialistas.
Estas afirmaciones, inspiradas por su secretario de Salud, Robert F. Kennedy —enemigo declarado de las vacunas, partidario de terapias sin base y adepto a las conspiraciones—, no son deslices, ni chifladuras, sino estrategia deliberada e interesada. Kennedy sostiene que hay que dejar de confiar en los expertos y que aprobarán nuevos medicamentos rápidamente recurriendo a la IA.
Este tipo de comunicaciones siembra el pánico, erosiona la confianza institucional, afecta a la seguridad y salud pública, y sustituye el debate informado por un ruido de fondo donde la opinión infundada de un mandatario pesa más que décadas de investigación científica.
Asedio ideológico a la ciencia
El ataque a la comunicación es solo la avanzadilla de una ofensiva mucho más profunda contra la infraestructura del conocimiento. La ciencia, pilar de cualquier sistema de salud avanzado, está siendo asfixiada por motivos ideológicos. El ataque es presupuestario, organizativo y estratégico.
En Estados Unidos, distintos procedimientos están desmantelando agencias gubernamentales que velan por la salud y la seguridad ambiental. Se intenta despedir a científicos de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad) y a responsables de oficinas de estadística simplemente porque los datos que producen contradicen la narrativa oficial.
Trump intentó un recorte del 40% al presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la principal agencia financiadora de investigación biomédica del país, aunque fue frenado por el Congreso. No obstante, el daño continúa. El director de los NIH ha ordenado una revisión de las líneas de investigación prioritarias, lo que en la práctica significa la probable anulación de financiación para proyectos sobre género, asuntos LGTBI o cuestiones raciales, todos etiquetados despectivamente como “woke” por en nuevo wokismo. Se sacrifica el progreso a largo plazo en el altar de una victoria cultural a corto plazo.
La revista Science lo ha advertido: las directrices de la administración, en su guerra cultural, amenazan 75 años de independencia y excelencia de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF).
La eficiencia en salud son los resultados que obtienes
Toda esta hostilidad hacia la evidencia conduce a la máxima ineficiencia: gastar más para obtener peores resultados.
De hecho, el senador demócrata Bernie Sanders tuiteaba estos días la comparativa sobre esperanza de vida de Estados Unidos, con resultados mediocres pese al enorme gasto sanitario público y privado dedicado a salud por la ausencia de políticas sanitarias públicas ordenadas. Un sistema sanitario eficiente no es solo el que gasta menos, sino el que transforma cada dólar invertido en mejor calidad de vida.
Las políticas actuales parecen diseñadas para lograr justo lo contrario favoreciendo grandes intereses como son los oligopolios sanitarios florecientes en USA y las barreras de entrada al talento exterior en sanidad o desarrollando otras guerras culturales identitarias, como unas políticas migratorias leoninas.
Un ejemplo reciente que se recoge en los artículos que incluyo en este post. Una reciente medida aparentemente burocrática como cambiar las condiciones del visado H-1B para profesionales de alta cualificación es un ejemplo perfecto, lo que haces es multiplicar su precio casi por sesenta, hasta 100.000 dólares, perjudicando a universidades y pequeñas empresas innovadoras, con menor pulmón financiero.
Si la llegada del talento a USA ha sido históricamente el motor de la innovación (como es el motor del florecimiento del país), recordando que un 60% de los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas son inmigrantes, esta medida va en sentido contrario.
Esta política, supuestamente pensada para proteger el empleo local, provocará una “descapitalización intelectual, científica, profesional y del expertise” de las universidades y frenará el progreso de empresas con gran potencial.
Al minar la investigación y ahuyentar el talento, se dinamita la capacidad futura del sistema para ser más eficiente, descubrir nuevos tratamientos y ofrecer más y mejor salud por cada dólar invertido.
La salud entra en la política por su gran impacto en la ciudadanía
En España, vivimos situaciones como la asistencia sanitaria pública universal, por ejemplo, con el ejercicio del derecho al aborto o los problemas con el cribado de cáncer de mama y cérvix en Andalucía y la Comunitat Valenciana, dos cuestiones directamente relacionada con la salud de las mujeres.
En otros países también se denuncian importantes retrocesos en la prescripción, acceso y suministro de tratamientos contra el cáncer o la reducción de los recursos públicos dedicados a la protección de personas con discapacidad.
La idea que quiero destacar es que la comunicación de las políticas sanitarias, de servicios sociales y de salud está de vuelta como un elefante en la habitación. Muchos de estos efectos se concentran en determinados colectivos (en muchos casos objeto de wokismos y de antiwokismo) y su efecto en la dinámica política está por ver.
La salud y la sanidad están nuevamente (probablemente nunca se fueron) en la agenda pública y no todos los responsables saben gestionarla ni comunicarla según sus requerimientos canónicos: sin marketing, gestionando los riesgos, con seguridad y fiabilidad, con empatía. Cuidado con los temerarios.
A modo de conclusión
El panorama descrito no es una colección de anécdotas políticas: son síntomas de un campo de batalla comunicativo y una advertencia global. Tampoco sé si invitan al optimismo o al pesimismo, pero…
Cuando la comunicación se convierte en propaganda, la ciencia se subordina a la ideología y las políticas de talento se diseñan para frenar la innovación, el resultado inevitable es un sistema de salud más caro, más injusto y menos efectivo. Cuando las políticas públicas de salud degradan los derechos sociales ciudadanos, se debe replantear la función política para garantizar el bien común.
La llamada a la acción para los responsables políticos y directivos sanitarios es clara: deben defender con urgencia un ecosistema donde las decisiones se basen en datos, en la protección de los derechos ciudadanos, la comunicación de salud en la honestidad científica y la evidencia y la inversión en talento y en el progreso futuro y los resultados.
De lo contrario, nos arriesgamos a que el ruido y unos sistemas de salud esquilmados sean el legado de esta etapa política de recortes por la fuerza, fronteriza con los autoritarismos y que coquetea con la maldad como los psicópatas.
